Más de 20 personas han acudido a declarar a las instalaciones de la Procuraduría General de la República respecto de la emboscada en donde fueron asesinados los defensores de derechos humanos Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo. A casi cinco meses del crimen, las autoridades no han encontrado a los responsables. Sus familias exigen justicia. Las vidas de los activistas fueron truncadas abruptamente por las balas de un grupo paramilitar en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca

Regresaría a su país en 2011 para abordar nuevamente el barco de vela Estelle, promover el “comercio justo” y llevar ayuda humanitaria a los países en desarrollo. Ésos eran los planes de Jyri Antero Jaakkola, el joven finlandés ultimado de un tiro en la cabeza en la comunidad de La Sabana, Oaxaca, el pasado 27 de abril.

Jyri y Alberta Cariño Trujillo viajaban a bordo de una camioneta tipo Van que se dirigía en caravana al Municipio Autónomo de San Juan Copala. Perdieron la vida en una emboscada que realizaron paramilitares de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Hasta el momento, las autoridades de la Procuraduría General de la República no han detenido a los culpables de los crímenes.

En entrevista con Contralínea, Eeva-Leena y Raimo Jaakkola recuerdan la vida y trabajo de su hijo Jyri, a quien dejaron de ver en 2009 cuando decidió viajar a México para conocer los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Oaxaca.

De ojos azules, tez blanca, delgada, Eeva Jaakkola es la primera en hablar; mientras, Raimo se pierde en el recuerdo de la infancia de su segundo hijo.

—Tenía muchos amigos. Siempre estaba haciendo algo. Era muy tranquilo. Le gustaba escuchar a los demás; participar con la gente. Creció con un sentido fuerte de justicia y equidad: temas que se discutían en casa, con los que crecieron mis tres hijos.

Deportista y “enamorado” del arte, Jyri estudió pintura durante su adolescencia. A los 23 años, ingresó a la carrera de ciencias políticas en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa de Finlandia. Luego se incorporó a Uusi Tuuli, organización que impulsa un proyecto de venta de café oaxaqueño en Europa.

Tenía 33 años de edad; quería viajar por el mundo y “continuar su trabajo en otros lugares, aunque sabía que su hogar estaba en Finlandia”, continúa Raimo.

“Él estaba muy preparado para venir a México: había tomado capacitación, medido los riesgos que implicaba su trabajo. Era obvio que tampoco podía saber todo lo que podría pasar. Nosotros tampoco conocíamos de esta zona tan riesgosa. Es muy difícil comprender la realidad de un país tan lejano. No había mucha información”, comenta su padre, con lágrimas en los ojos.

Viento Nuevo

Uusi Tuuli (Viento Nuevo) es una organización finlandesa sin fines de lucro a la que se incorporó Jyri poco después de cumplir 20 años. Su objetivo es promover la solidaridad internacional, acuerdos económicos internacionales “justos”, la paz y el entendimiento mutuo entre pueblos y naciones.
La organización a la que pertenecía Jyri Antero Jaakkola desde hacía 10 años cuenta con un barco mercante llamado Estelle, en el que el joven de 33 años llegó a transportar, con sus compañeros, ayuda humanitaria a Bangladesh y Angola.

“Nuestro objetivo principal es Finlandia. Queremos convencer a más ‘fugitivos del consumo’ a unirse a nosotros. Esto es esencial, ya que los problemas del mundo son causados principalmente por los ricos, no por los pobres”, dice la organización en su portal de internet; filosofía con la que comulgaba Antero Jaakkola.

Para su visita a México, Jyri aprendió a hablar español en dos meses. Con las bases del portugués, desarrolló rápido las habilidades para comunicarse con sus compañeros oaxaqueños e impartir talleres de “comercio justo” en la región, dice su madre, con quien habló por última vez seis meses antes de morir.

Ahora, “nuestra vida ha cambiado porque hemos tenido que realizar trámites con las embajadas, asistir ante las autoridades y pedir que se detenga a los culpables. Sin embargo, no sabemos cómo será cuando regresemos a casa y tengamos que hacer nuestra vida normal”, explica la madre de Jyri Antero Jaakkola, antes de llorar.

Bety Cariño

“Debí apellidarme Guerrero”, y empuñó el brazo izquierdo en señal de fortaleza. Acababa de firmar quizá el último correo electrónico que enviaría. Sonrió, para luego soltar: “Tengo miedo, no te creas. Las cosas no están nada fáciles”. Esas fueron sus palabras antes de partir en caravana a San Juan Copala.

Originaria de Chila de las Flores, Puebla, Alberta Beatriz Cariño Trujillo fue la primera en morir a manos de paramilitares mientras viajaba en la caravana de paz que se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala, el 27 de abril pasado.

Hija de campesinos –la mayor de tres mujeres: Alberta, Rebeca y Carmen–, Bety impulsó proyectos de desarrollo en las comunidades de Puebla y Oaxaca.

Omar Esparza Zárate, integrante del Movimiento Indígena Zapatista y esposo de Bety, habla en entrevista con Contralínea de la labor social que desempeñara en vida su pareja sentimental y de lucha. “Fueron 15 años de compartir nuestra vida, de impulsar proyectos, compartir y desarrollar esquemas que permitieran salir a los más pobres adelante”.

La despedida

Omar y Bety se despidieron en la comunidad de Agua Fría, unos 20 minutos antes de que ella y un grupo de más de 20 personas fueran atacadas con armas largas. “Le pedí que no fuera. Eso no lo habíamos hablado, no lo discutimos como hacíamos en cada viaje”, recuerda.

“No te preocupes, ya vi lo de los niños. Ellos van a estar bien. No pasa nada”, consoló la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) a su compañero. Él no podía ir, “estaba amenazado de muerte”, dice el joven que ahora vive, con sus dos hijos de seis y nueve años, “en el exilio, ya que las amenazas no paran”.

—Ella dijo que tenía miedo ­–se le comenta.

—Sí. Hemos vivido mucho acoso. Veinte días antes, dos militares que se encontraban a las afueras de mi casa me golpearon cuando les pedí que se retiraran. Era casi media noche. Bety estaba con los niños y tuvimos que pedir apoyo a la policía para que se los llevaran.

“El 27 de abril, hubo amenazas claras; llegaron avisos de la Ubisort para que yo no entrara”, acusa Omar.

Bety maestra

Alberta Cariño Trujillo estudió la licenciatura en educación primaria en Tehuacán, Puebla. Desarrolló su profesión tanto en su estado natal como en la mixteca oaxaqueña. Hasta el momento de su asesinato, había estudiado el primer año de maestría en desarrollo comunitario, en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, institución educativa ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

Entonces vivía, junto con su familia, en Huajuapan de León, Oaxaca. Desde 2006, apoyaba proyectos de desarrollo social en la zona. “Empujamos procesos de microcréditos para las mujeres; luchamos por la tierra en colonias marginales, para que la gente contara con los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado); ella alfabetizó a jóvenes y adultos”, relata Esparza Zárate.

“Así hicimos 15 años de vida juntos, de compartir una lucha por los derechos de los pueblos. A ella la motivaba la idea de un mundo justo. Lo aprendió de haber crecido cercana a una iglesia progresista en donde la Teología de la Liberación le enseñaba a compartir.

“La conocí en un proceso electoral en Tehuacán. Fuimos observadores electorales. Nos hicimos compañeros, luego pareja y a partir de ahí empujamos procesos de economías comunitarias para que la gente vaya construyendo sus propios fondos. Entendimos que nada es nuestro y que lo que tenemos es para el servicio de los demás. En esa misma lógica, la gente de nuestra comunidad traía comida a la casa: frijol, pastas, aceite; así vivíamos todos. Así se construyó [el] Cactus”, comenta.

San Juan Copala

El mismo año en que estalla el descontento social en Oaxaca, inicia una situación de violencia en la región triqui. “No es un tema nuevo. Muchos gobiernos han dejado que esto ocurra y han financiado esa violencia.

“Con el movimiento de 2006 y la intención de constituir el Municipio Autónomo, varias organizaciones del estado comenzamos a involucrarnos. Fue un tema de análisis durante varios meses. Empezamos a trabajar con las radios comunitarias porque sabemos que son una herramienta que puede darle visibilidad a la lucha de las comunidades”, dice Esparza.

Bety participaba como directora del Cactus, y ambos, como adherentes a La Otra Campaña. “Nuestro trabajo fue siempre empujar procesos que nos permitieran construir otro tipo de política, porque ya vemos que no hay interés del Estado mexicano de resolver los problemas de las comunidades. Llevamos propuestas para que la gente produzca alimentos para sus propias comunidades. Vimos a Copala como una de las opciones.

“Esto trajo amenazas, allanamiento a las oficinas del Cactus, persecuciones, órdenes de aprehensión, averiguaciones previas, 13 o 14 en 2006 por participar en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”.

A casi cinco meses del asesinato de Bety Cariño, su compañero de “batallas” dice: “La única oportunidad que hay para que haya justicia es que la presión internacional pueda comprometer al gobierno mexicano de todas las maneras posibles. Tienen todo, hay testigos, pruebas, está integrada la investigación. Hay todo y el gobierno no ha detenido a los responsables”.